La intensidad y profundidad de esta crisis económica, requiere la revisión de elementos que tradicionalmente hemos considerado estructurales y que ahora deben pasar a ser revisados y por consiguiente anulables.
El principio de capacidad de pago, rompe con contundencia la barra libre de los servicios del Estado, en casi todos los ámbitos, como elementos de eficiencia en la gestión de la salud y en insostenibilidad del modelo universitario sin una aproximación al coste efectivo y matricula.
La existencia de una asimetría laboral, donde la existencia de un funcionariado de mas de 3 mm con un nivel de protección constitucional y la de empleados fijos que cada vez son menos, pero que en muchos sectores acceden a situaciones de privilegio (prejubilaciones, eres,..)Y a unos sindicatos que solo están preparados para defender a quien trabaja y desconocen los mecanismos de los parados, salvo para “formarlos” con “cursos” financiados por las autoridades y que acaban financiando a los sindicatos.
Las universidades sin masa crítica o con diseños dispersos y antieconómicos, aeropuertos con proximidades de menos de 180 km y con utilizaciones antieconómicas.
Un volumen de más de 4.500 municipios y sus correspondientes diputaciones que carecen de sentido de gestión independiente, susceptibles de mancomunar o desaparecer, para evitar costes recurrentes.
Un sistema de imposición aleatorio en lo local, sujeto al ciclo político y sin mecanismos de automatismo en su aplicación. En lo autonómico, un volumen de transferencia tan elevado que los recargos en los impuestos estatales son bonificados con intenciones electorales, ya que el peso en sus presupuestos es limitado. Y en lo general, una corriente teórica con alta consideración publica en la imposición de IVA y Especiales.
Un fraude que de forma pertinaz cada año las diferentes asociaciones de inspectores, y subinspectores nos indican que es gigantesco y permanente, y al parecer podemos deducir que imposible de reducir de forma relevante, porque no bajar el delito a 2.000 euros de defraudación y subir el múltiplo a 20 veces y sumar como delito todo lo defraudado en los 5 años anteriores, y simultáneamente ofrecer una amnistía en pagares o bonos al interés del BCE y por 5 años, por el empleo.
Un criterio de austeridad, que conlleva al no gasto , como un NO , aceptados por todos: NO inversión, NO subvención, NO ayudas….y surge con fuerza la adoración al becerro de Oro del autónomo, como la solución a todos los males, simplificando las matemáticas de un trabajador por cada autónomo igual a 1,5 mm de empleos, con apenas “subvención”, y si no le corresponde le bajamos los impuestos, y además que declare 900 euros al mes no es motivo de revisión, laissez faire, ellos nos llevaran a la solución , que nosotros no tenemos8Nota: el presidente de ATA dice que el 90% de los autónomos no piensan ni pueden contratar a nadie. Pues vaya frase para la solución que son).
Privatizar lo público a favor de la gestión privada, está realizada en las Comunidades del PP, han supuesto un cuadro de compensaciones de las concesiones, que son déficit y que no han mejorado el empleo en las mismas, sobre todo en Sanidad.
Eliminar el sector de funcionarios a los niveles de los escandinavos, nos llevarían en 5 años a 1,5 mm de funcionarios, y liberarían unos puestos de trabajo susceptibles de laboralizar y de privatizar.
Lo malo es que en el escenario de tener más de 1,5 veces el PIB en ahorro exterior, como vamos a invertir, crecer, incentivar…, si no se ajusta un fondo europeo, con garantía europea y flexibilidad de reintegro, no podemos crecer.
La demanda interna cayendo ya desde hace mas de tres años, solo puede contrarrestarse con impuestos que permitan con cargo a los mismos realizar planes de estimulo a la economía para generar empleo, el trabajo es una demanda derivada de la demanda de bienes, y las tasas de ahorro que esos mas de ¾ de la población que cobra y trabaja, pueden permitir regenerar el ahorro interno necesario de futuro (en tasas de 18% actualmente) y la creación de actividad en nuestra economía.
La intensidad y profundidad de esta crisis económica, requiere la revisión de elementos que tradicionalmente hemos considerado estructurales y que ahora deben pasar a ser revisados y por consiguiente anulables.El principio de capacidad de pago, rompe con contundencia la barra libre de los servicios del Estado, en casi todos los ámbitos, como elementos de eficiencia en la gestión de la salud y en insostenibilidad del modelo universitario sin una aproximación al coste efectivo y matricula.
La existencia de una asimetría laboral, donde la existencia de un funcionariado de mas d e3 mm con un nivel de protección constitucional y la de empleados fijos que cada vez son menos, pero que en muchos sectores acceden a situaciones de privilegio (prejubilaciones, eres,..)Y a unos sindicatos que solo están preparados para defender a quien trabaja y desconocen los mecanismos de los parados, salvo para “formarlos” con “cursos” financiados por las autoridades y que acaban financiando a los sindicatos.
Las universidades sin masa crítica o con diseños dispersos y antieconómicos, aeropuertos con proximidades de menos de 180 km y con utilizaciones antieconómicas.
Un volumen de más de 4.500 municipios y sus correspondientes diputaciones que carecen de sentido de gestión independiente, susceptibles de mancomunar o desaparecer, para evitar costes recurrentes.
Un sistema de imposición aleatorio en lo local, sujeto al ciclo político y sin mecanismos de automatismo en su aplicación. En lo autonómico, un volumen de transferencia tan elevado que los recargos en los impuestos estatales son bonificados con intenciones electorales, ya que el peso en sus presupuestos es limitado. Y en lo general, una corriente teórica con alta consideración publica en la imposición de IVA y Especiales.
Un fraude que de forma pertinaz cada año las diferentes asociaciones de inspectores, y subinspectores nos indican que es gigantesco y permanente, y al parecer podemos deducir que imposible de reducir de forma relevante, porque no bajar el delito a 2.000 euros de defraudación y subir el múltiplo a 20 veces y sumar como delito todo lo defraudado en los 5 años anteriores, y simultáneamente ofrecer una amnistía en pagares o bonos al interés del BCE y por 5 años, por el empleo.
Un criterio de austeridad, que conlleva al no gasto , como un NO , aceptados por todos: NO inversión, NO subvención, NO ayudas….y surge con fuerza la adoración al becerro de Oro del autónomo, como la solución a todos los males, simplificando las matemáticas de un trabajador por cada autónomo igual a 1,5 mm de empleos, con apenas “subvención”, y si no le corresponde le bajamos los impuestos, y además que declare 900 euros al mes no es motivo de revisión, laissez faire, ellos nos llevaran a la solución , que nosotros no tenemos8Nota: el presidente de ATA dice que el 90% de los autónomos no piensan ni pueden contratar a nadie. Pues vaya frase para la solución que son).
Privatizar lo público a favor de la gestión privada, está realizada en las Comunidades del PP, han supuesto un cuadro de compensaciones de las concesiones, que son déficit y que no han mejorado el empleo en las mismas, sobre todo en Sanidad.
Eliminar el sector de funcionarios a los niveles de los escandinavos, nos llevarían en 5 años a 1,5 mm de funcionarios, y liberarían unos puestos de trabajo susceptibles de laboralizar y de privatizar.
Lo malo es que en el escenario de tener más de 1,5 veces el PIB en ahorro exterior, como vamos a invertir, crecer, incentivar…, si no se ajusta un fondo europeo, con garantía europea y flexibilidad de reintegro, no podemos crecer.
La demanda interna cayendo ya desde hace mas de tres años, solo puede contrarrestarse con impuestos que permitan con cargo a los mismos realizar planes de estimulo a la economía para generar empleo, el trabajo es una demanda derivada de la demanda de bienes, y las tasas de ahorro que esos mas de ¾ de la población que cobra y trabaja, pueden permitir regenerar el ahorro interno necesario de futuro (en tasas de 18% actualmente) y la creación de actividad en nuestra economía.
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