Parecía que en la habitual actividad de los Ayuntamientos, apenas fuera relevante los ingresos por tasas y precios públicos, los llamados ingresos por uso y utilización del dominio público, o por compensación de actos administrativos y en otro lado aquellos que se establecen por la prestación de un servicio público.
La tradicional indiferencia en los debates para el conjunto de estas figuras de recaudación, han hecho que cuando, como hoy en día, se debe de hablar poco de subida de impuestos, descubramos la compensación por prestación de servicio como algo normal , legitimo y para algunos de economía de mercado.
Razón esta que en estos tiempos de hartura social y vanagloria neoliberal, legitima el cobro de casi cualquier cosa.
Pues bien, aquí hay de todo, desde una tasa por casar o compulsar (dar fe de validez a un papel, acto que nadie comprende) un titulo o documento, hasta cobrar mensualidades por comedores, guarderías, basuras, aguas, vados o accesos a locales y garajes, terrazas de bares en las calles o en general usos de espacios públicos por sujetos privados, deporte, cursos formativos, culturales...
Existen fuertes recaudaciones de estas figuras de ingresos, en los últimos 10 años se han duplicado en la mayoría de Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, sus recaudaciones representan en muchos casos el 20% del presupuesto anual, y si se cobraran por el coste real del servicio, o por el valor de mercado del dominio público, estaríamos hablando de un índice de multiplicación sobre el actual del 4 al 5, es decir el porcentaje actual sobre ese presupuesto nos llevaría a 5 veces más.
Vamos a simplificar, el resultado; desde el principio de los tiempos y por razones de carácter económico y social, dentro de una regla de calidad y control , los servicios de abastecimiento de aguas( potables y alcantarillado), son de tal índole de valor y responsabilidad, que a estas fechas salvo los pequeños Ayuntamientos y algún tardío a la modernización de Ayuntamientos medianos, se prestan por su coste, gracias al sistema de concesión privada o público-privada se ha llegado a prácticamente el 100% del coste, y donde no lo este debería de ser obligatorio por lo penal(ya que lo es por lo legal); esta será una sorpresa que se llevaran los ciudadanos de los más de 4500 municipios que tiendan a mancomunarse para estos y otros servicios, se encontraran tasas de más del triple del coste actual, pero esto será otra historia que abordaremos otro día.
Despejada esta importante figura, que da la segunda, Basuras, similar en su prestación, casi con los parámetros equivalentes de costes, recaudación y gestión, aunque en este caso un ligero desequilibrio, por la introducción de reciclado y recuperación de residuos, que conlleva costes elevados y no repercutidos en su totalidad.
En el resto tenemos dos bloques , uno primero que comprende el ejercicio de una actividad municipal, ojo no debemos de confundir la competencia con la prestación del servicio, y aquí está la diferencia de los próximos años,; la rigidez de la prestación con medios propios de un servicio, el apalancamiento financiero y rigidez de costes(crecientes) en estos servicios, limitan la capacidad de gestión, o el ajuste en ciertos momentos en la prestación del servicio,; los problemas de productividad, los procesos constantes d e innovación y tecnología, la inestabilidad del mercado objeto de la prestación del servicio, genera fuertes incertidumbres; si a ello le incorporamos una deficiente determinación de costes y un cobro a veces “político” en el precio o tasas entonces el agujero económico puede alcanzar cifras de 6 a 7 ceros o en equivalencia presupuestaria a un déficit del total del presupuesto del 15%, y además de forma permanente y por tanto estructural.
El servicio de comedores de colegios o centros de asistencia, el servicio de guarderías o ludotecas, los servicios de uso de instalaciones deportivas y cursos de formación culturales, deportivos...
Estos servicios que comprenden la otra demanda del consumidor, que representan la demanda secundaria junto al ocio de los consumidores, los prestan los Ayuntamientos con cargo al déficit, de tal manera que los desequilibrios son del más del 90% del coste, y por consiguiente, un ritmo creciente de cargas laborales, y de suministros hacia el futuro.
El futro debe situarse en un modelo flexible, publico de responsabilidad pero privado de prestación, para desapalancar las administraciones, flexibilizar las mismas y mejorar la eficiencia y calidad del servicio, externalizar la prestación no es renunciar a la obligación sino mejorar la calidad del servicio con parámetros de coste razonable, así como crear una figura de tercero que ejecuta un precio al mercado desde una figura empresarial privada.
Otro segundo nivel es discriminar el precio en virtud de la capacidad de los sujetos (condiciones económicas, sociales y a veces de carácter físico o saludable) con baremos, bonificaciones o recargos según las circunstancias objetivas de los sujetos.
Y donde el universo de usuarios no presente el break-even, o la masa crítica tendrán que e incorporarse estos costes a los tributos directos (IBI) municipales.
El otro bloque es el cobro por el dominio público municipal y la prestación de competencias impropias de forma continuada, ello nos lleva a costes crecientes y persistentes para a veces situaciones límite como el nivel de paro actual o excesivos cuando hemos estado a menos del 8%, ello conlleva sobrecargas difíciles de eliminar, ya que se basan en cuerpos funcionariales que no pueden ser cesados de forma automática. Y en el ´ámbito del dominio público, las evaluaciones del suelo, o terrenos están minusvaloradas, hasta el punto que una terraza estándar en lugar de calle de tipo medio cuesta entre 1 y dos euros al día toda la temporada; es decir que les es más barato al hostelero la zona publica que la privada, pero con la mitad de un mes de alquiler privado pagan todo el uso público del año.
Debemos pues, introducir en el debate, ese elemento de igualación de los costes al valor del cobro del servicio, pero bajo la máxima de régimen de colaboración público-privada, o concesión, para no recargar en la gestión pública una actividad más propia de un empresario privado, por supuesto con las garantías de cumplimiento de los parámetros legales.
Los Ayuntamientos serán más pequeños, más flexibles mejor gestionados y más eficientes, y como no con menos, quizás con nada de déficit.
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