La distribución de municipios en España, comparada con los países vecinos, evidencia que la fusión es algo imprescindible y urgente para evitar la desaparición definitiva de muchos. Reino Unido, Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria o Noruega y más recientemente Grecia, Portugal o Italia son algunos casos de reducción drástica.

La crisis económica ha sido la causa última de un proceso que se ha venido desarrollando desde la finalización de la segunda guerra mundial.

España es el tercer país en número de municipios con 8.117 frente a 98 de Dinamarca, 466 de Reino Unido o 325 de Grecia. La media de habitantes por municipio es de 5.700 frente a los 56.000 de Dinamarca o los 136.000 del Reino Unido. Sólo cuatrocientos municipios españoles superan una población de 20.000 y casi 5.000 tienen menos de mil habitantes.

Municipios, provincias o diputaciones surgen a principios del XIX sin grandes cambios desde entonces. Los Ayuntamientos democráticos actuales asumieron cada vez más competencias impropias sin disponer de una financiación transparente e igualitaria. La duplicidad de estructuras ha hecho proliferar funcionarios, puestos de libre designación y asesores 'amigos'. Hemos tenido que sufrir gobernantes poco preparados y más preocupados por cortar cintas de inauguración de megaproyectos y rotondas que por las necesidades reales de modernización de nuestras ciudades.

Este sistema se pudo mantener gracias al urbanismo, pero el resultado fue un crecimiento descontrolado y una corrupción institucional endémica. Se hace imprescindible una reordenación de la Administración municipal que debe pasar por una fusión de estructuras que las haga viables. La Administración local es el depósito mayor de poder con que cuentan PP, PSOE, IU y nacionalistas. La fusión representa renunciar a una parte importante del control y por eso se oponen a perder sus privilegios.

Todos reconocen la necesidad de realizar esa racionalización de la Administración siempre que no se trate de 'mi pueblo', argumentando cuestiones sentimentales. Una propuesta de fusión de municipios debe basarse en datos sobre eficiencia. Muchos de los servicios que presta un Ayuntamiento pequeño serían más baratos si los realizara junto a los municipios de su entorno, pero solemos confundir la fusión administrativa con la desaparición de las tradiciones y las identidades de los pueblos. No se propone fusionar patrones ni eliminar fiestas populares, se trata de administrar mejor y más eficientemente además de reducir el número de concejales innecesarios.

Una propuesta así deberá contar con una clara distribución de competencias y de una ley de financiación basada en criterios objetivos e iguales para todos. La simple eliminación de las diputaciones nos ahorraría millones de euros con los que hacer frente a este proceso ya que se trata de dinero que se gasta sin ningún control democrático. Habría que garantizar que los servicios e infraestructuras se distribuyeran de forma equilibrada por todos los territorios atendiendo a las necesidades reales y garantizando el acceso de todos los ciudadanos independientemente del lugar en que vivan. Los medios técnicos actuales permiten una Administración en línea accesible a todos en cualquier lugar que vivamos sin necesidad de la presencia de una Administración física más propia del siglo XIX que del XXI. Este proceso ya se ha realizado en muchas áreas de la gestión pública como sanidad, educación o justicia.

La fusión de municipios deberá contar con un sistema de participación democrática que permita que los propios concejales elegidos sean los representantes legítimos de los distintos núcleos pequeños y que eviten sistemas clientelares e ineficientes como alcaldes pedáneos y estructuras puestas a dedo por el partido gobernante.

En definitiva, se ha de proponer una fusión de municipios avalada por estudios económicos serios sobre eficiencia y que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales y el acceso a ellos en igualdad de condiciones para todos, independientemente del lugar en el que uno viva.